Alternativas de Financiamiento para el Desarrollo Regional

Por Roberto Beltrán Valdéz.

A partir de la década de los 90´s México ha venido experimentando un proceso gradual de descentralización fiscal y transición política, lo cual ha impulsado la participación de los estados y municipios en el fomento al desarrollo económico regional. Según datos del INEGI, al 2003, los estados y municipios participaron con un 62 por ciento del gasto total programado, mientras que la administración pública federal contribuyó con el 38 por ciento restante. Así, los gobiernos locales (estados y municipios) se empeñan en fortalecer cada vez más su posición financiera autónoma, buscando afanosamente acceso a financiamientos para el desarrollo de infraestructura, y en consecuencia adquiriendo obligaciones propias.

Actualmente, algunos estados y municipios del país desarrollan e implementan esquemas de financiamiento innovadores. El ejemplo más común es el financiamiento del desarrollo de infraestructura a través del mercado bursátil. Dicho mercado ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, debido al goce de estabilidad en niveles macroeconómicos (en los últimos años la inflación y tasas de interés se han mantenido alrededor del 4 y 6 por ciento, respectivamente), una mayor oferta de recursos por parte de inversionistas potenciales y por las reformas en las leyes de deuda pública local.

Cabe mencionar que en diciembre del 2001 Aguascalientes realizó la primera emisión municipal bajo esta nueva normatividad. Subsecuentemente, 7 Estados, 6 municipios y el Distrito Federal han acudido y encontrado en el mercado de deuda bursátil una fuente alternativa de financiamiento. Sin embargo, persisten limitantes que generan incertidumbre en las emisiones de deuda pública, tales como: la falta de un historial crediticio consolidado y las imprecisiones en el marco jurídico. Para afrontar esta situación, los gobiernos locales han recurrido a la utilización de participaciones federales (ingresos que reparte periódicamente la federación a los estados tomando como base su recaudación fiscal) como medio garantizado de pago a obligaciones contraídas.

Para consolidar su autonomía es vital que los gobiernos estatales y municipales diseñen esquemas alternos de financiamiento. Esto podría materializarse con la implementación de ingresos propios como fuente garante de los compromisos adquiridos. De esta forma, los flujos de participaciones federales quedarían sin afectarse. Este esquema provee las siguientes ventajas:

-Incentiva la recaudación de ingresos propios.
-Fortalece la autonomía financiera estatal y municipal.
-Evita saturar las participaciones federales como fuente de pago, liberándolas para ejercer el gasto corriente de los gobiernos locales.

Es de suma importancia señalar que para llevar a cabo una emisión con ingresos propios es necesario fortalecer la responsabilidad fiscal, así como los procedimientos operativos y administrativos del gobierno emisor, con el fin de garantizar certidumbre presupuestal y asignación eficiente de recursos.

Por otra parte, se debe reconocer que para los municipios medianos y pequeños, el mercado bursátil representa una opción poco viable debido a la escasez de recursos propios; al día de hoy los seis municipios que han realizado emisiones tienen ingresos fiscales entre 500 y 2400 millones de pesos al año, con un promedio cercano a los mil 100 millones de pesos. En México sólo existen 25 municipios (de 2,428) con ingresos superiores a los 500 millones de pesos.[1]

A continuación se mencionan dos alternativas para afrontar este problema:

La creación de fondos revolventes. Estos fondos son comunes en los países desarrollados (Estados Unidos y Europa) y su principal ventaja es facilitar el acceso al financiamiento de municipios medianos y pequeños a tasas muy competitivas.
Y la estructuración de emisiones conjuntas de valores entre grupos de municipios medianos y pequeños. El éxito de estos esquemas radica en el liderazgo de los gobiernos estatales, ya que como organismos superiores de gobierno deben influir en la coordinación de los municipios, además de promover los beneficios económicos de un financiamiento conjunto, que de forma individual sería imposible alcanzar.

Sin duda, la formulación de alternativas para el financiamiento del desarrollo regional es un tema prioritario y trascendente en México, ya que de ello depende en gran medida el fortalecimiento de nuestra economía. Aunque el dar más autonomía a los gobiernos locales ha sido una cuestión politizada, no se debe postergar la búsqueda e implementación de dichas alternativas pues su contribución al fortalecimiento de las economías regionales es evidente.

El autor es Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey. Comentarios: tingio@hotmail.com

[1] Primer Convención Nacional Hacendaria. Nuevos esquemas de financiamiento para Estados y Municipios: Experiencia y propuestas del gobierno del Estado de México.

Mercado Libre Energético versus Control Estatal

Por Nizaleb Corzo Zepeda.

Cuando Timothy Wirth, presidente de la Fundación de las Naciones Unidas, afirmaba el año pasado que el estancamiento del diálogo político reflejaba la incapacidad de reconocer la importancia que tiene el petróleo y sus derivados para la defensa y la seguridad del territorio nacional, la economía y el medio ambiente, no se refería a las diferencias que se plantean en el debate público cotidiano de los países latinoamericanos, sino las que se presentan al interior del congreso estadounidense. Menciona que ese país necesita una nueva y deliberada política estratégica energética y no la creación de un paquete de concesiones formado a partir de las listas de peticiones de grupos particulares. Muy lejos de una visión tecnócrata, sobre todo si se trata de un ex senador norteamericano del estado de Colorado.

La discusión en materia energética en Estados Unidos se ha tornado compleja. Aunque no se discute la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado, sí se presentan desafíos importantes, como los estímulos fiscales para elevar la producción, el acceso a terrenos públicos y a matices de reglamentación sobre electricidad, así como de las estrategias para la conversión energética y la reversión de los problemas ambientales.

En el resto del continente americano, hacia el sur de Estados Unidos, las visiones del problema no resultan ser distintas. Algunos países como Venezuela, han optado por vías forzadas para reactivar sus economías a través de su potencial energético. El gobierno argentino por su lado, ha comenzado una batalla en contra de las empresas extranjeras que operan en ese país por el incremento en los precios de los combustibles.

El exceso en la demanda de energía a nivel mundial ha obligado a los países productores de crudo de Latinoamérica a tomar medidas inmediatas para no perder la oportunidad de participar en ese mercado, quizá el más importante de los últimos 100 años. Ahí radica el interés de algunos grupos de poder particulares por apoderarse de ese atractivo nicho. Existen actualmente países como Bolivia que enfrentan serias crisis en materia energética. Desde el punto de vista de los nacionalistas, su causa principal fue la de seguir las recomendaciones del Banco Mundial de dejar los recursos energéticos en manos de empresas extranjeras. Para el caso de México, la recomendación de la corporación financiera internacional ha sido en ese mismo sentido: permitir nuevos jugadores en el sector energético nacional.

A los ojos de una entidad como el Banco Mundial, el consenso de Washington y sus postulados son requisitos fundamentales para el otorgamiento de apoyos a los países que lo requieren. Este tipo de instituciones deja de lado su espíritu desarrollador cuando toma el papel de lo que en realidad es: una institución de crédito que obedece a poderosos intereses privados, como el mayor rendimiento de sus grandes capitales. Los que comulgan con la visión de la política de mercado argumentan que ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni ninguna otra entidad de ese nivel tenga intenciones filantrópicas o paternalistas. Sus condiciones son más que claras, se deben realizar los cambios estructurales esbozados en los planteamientos liberales modernos.

Sin embargo, esas presiones han resultado infértiles en algunos países. Las políticas liberales encuentran resistencia. Y es que las decisiones gubernamentales en materia económica de los países en vías de desarrollo no sólo se dirigen a la reactivación de los sectores mercantiles, sino también al financiamiento del gasto corriente y a los programas de desarrollo social y combate a la pobreza. Bolivia, por ejemplo, ante las presiones sociales, ha determinado acciones como la expropiación del gas y el agua potable, así como propone la retención del 50 por ciento de los impuestos a dividendos internacionales. Esta decisión ha dividido la opinión de la sociedad en ese país. Mientras que en el altiplano el pueblo se manifiesta, bajo el mando de los sindicatos bolivianos más fuertes, en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil -una región que no se identifica con el resto de Bolivia, de corte racista y considerada como la más próspera del país-, la opinión al respecto de la propiedad del Estado de los recursos energéticos es desfavorable.

Cualquiera que sea el modelo que adopte, el gobierno mexicano debe caer en la cuenta de la importancia que significan los recursos energéticos para el desarrollo de la industria nacional. La sociedad civil entiende eso, pues finalmente en ella recae el efecto más inmediato de las medidas privatizadoras al pagar los precios de los productos, generalmente más altos. Cada vez que las medidas gubernamentales afecten los intereses del pueblo y parezcan atender a presiones de los grandes consorcios internacionales, se descalificará al gobierno, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en las regiones de nuestra América Latina. La nueva concepción de la democracia seguirá pareciendo insípida si no es tomada en cuenta la voz de la sociedad en contra de los modelos económicos para los que aún no está preparada, toda vez que no parecen satisfacer las demandas de la mayoría.

El autor es financiero y actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tec de Monterrey en la Ciudad de México. Comentarios: ncorzozepeda@yahoo.com.mx

A los Jóvenes y a los no tanto

Por Armando Colosio Muñoz.

El 90 por ciento de los jóvenes, sin importar el nivel educativo que tengan, utilizan en promedio 85 palabras para comunicarse. “Tienen poco interés por la cultura. Ni les interesa, ni la conocen ni van para allá. La escuela ha sido fundamental en eso. Los maestros no ganan bien; están mal preparados, y sólo interesa dar su clasecita y cobrar su miserable sueldo”, lamenta Ernesto de la Peña, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua.

Entre esas 85 palabras están güey, mamón, onda, padre y las groserías, aunque, dice, éstas no son bien utilizadas. “Yo me doy por bien servido; conozco muchas y creo que las sé emplear en un momento oportuno, pero nada más hablar con base en groserías es no decir nada; el efecto que puede tener una grosería de agresión, se mella para todo, como el caso de güey”.

La problemática del uso de la lengua se da en el seno familiar y debe ser tratado con firmeza en la escuela. Los maestros son la pieza clave para el uso correcto de la lengua, como bien lo expresa De la Peña. La escuela seguirá siendo el pilar fundamental en la generación de hombres y mujeres mejor preparados y por consiguiente mejor encauzados en el uso del lenguaje.

Alerta que en México, el idioma muere, pues ni los hombres políticos pueden utilizar de manera correcta las palabras, (Ojo Creel, Fox, Diputados, Senadores, etcétera). Y, si ellos que son quienes nos representan se comunican peor que las bestias, el problema se agrava, sobre todo en las zonas más desfavorecidas.

“A mí me da envidia cuando hacen encuestas por las calles de países latinoamericanos, que no tienen la misma importancia que México, como Guatemala o Costa Rica, y las personas hablan con mayor soltura. En contraste con los mexicanos que para todo ponen el ‘pues’ o simplemente no contestan adecuadamente”.
Para erradicar el uso incorrecto de la lengua, advierte el doctor Ernesto de la Peña, quien conoce 32 idiomas y es ensayista, poeta, traductor y escritor, que el vehículo adecuado es la familia en primer término y la escuela. El país necesita que sus jóvenes amen la lengua, pues es su primer órgano de trabajo con el cual piden empleo y se relacionan. Resignado a que la lengua seguirá en decadencia, a Ernesto de la Peña ya no le interesa hacer un llamado a utilizar de manera correcta el lenguaje, pues invitado a hacer una reflexión a la ciudadanía para hablar bien, dice “¿Pero quién me va a pelar?, ¿Quién me va a hacer caso?”.

Su tarea como integrante de la Academia Mexicana de la Lengua es vasta. “Hago programas, doy información sobre las palabras, doy significados, pero no puedo solo, se necesita un grupo de gente que lo haga, una especie de cruzada”. Aún así, y consciente que no se hará nunca, propone una reforma radical y honesta que incluya al sector educativo y emplee recursos para el sueldo de los maestros y mejores herramientas de trabajo, pues “son ellos quienes forman o deforman a las generaciones”.

El resultado de las dificultades que enfrenta México en el sector educativo y otros es que, concluye De la Peña, “la juventud está en una condición lamentable”.


Comentarios al autor: colosio@hmo.megared.net.mx

El Contrato de Matrimonio

Por Javier Oroz Coppel.

Jurídicamente hablando el celebrar una compraventa, pactar un arrendamiento, efectuar una donación o realizar un préstamo es lo mismo que contraer matrimonio. Esta similitud tiene una explicación jurídica que debe de analizarse partiendo de la premisa de que tanto el matrimonio como estas operaciones, son contratos. Esto es así, debido a que nuestra legislación civil en Sonora, adoptó la tesis contractualista del matrimonio originada en el Código Napoleónico y prosiguió con lo establecido en el ya derogado tercer párrafo del artículo 130 de nuestra Carta Magna, que consideraba al matrimonio como un contrato civil.

Así nuestro Código Civil en sus artículos 248, 268, 270, 425 fracción II, y 490 fracción II le otorga al matrimonio, el carácter de contrato. Bajo esta consideración, el contrato de matrimonio es un solemne acuerdo de voluntades entre dos personas de diferente sexo (contrario al radical criterio de la Suprema Corte del Estado de Massachusetts, EE.UU.), por medio del cual se crean o se transfieren derechos y obligaciones que se traducen en la conformación de una sociedad que adopta una especifica forma de administrar el patrimonio de dicha unión (llámese sociedad conyugal, separación de bienes o sociedad legal).

Ahora bien el contrato de matrimonio al igual que el de compraventa, puede gestarse mediante una simple promesa, a la que la ley le llama esponsales. El artículo 235 del Código Civil Sonorense, para el infortunio de muchas mujeres y de algunos hombres, establece que los esponsales no producen en sí la obligación de contraer matrimonio, sin embargo sí establece en su artículo lo siguiente: el que sin causa grave, a juicio de un Juez, rehusare cumplir su compromiso de matrimonio o difiera indefinidamente su cumplimiento, podrá ser condenado judicialmente a pagar los gastos que la pareja hubiere hecho con motivo del matrimonio proyectado. Asimismo la ley establece que incurrirá en la misma responsabilidad, el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales, esto significa que aquel prometido “mal portado” tiene contemplado en la ley una sanción por su conducta.

Además de lo anterior, también existirá responsabilidad para aquel prometido que sin una causa grave falte a su compromiso matrimonial, ya que en caso de que se le demande podrá quedar condenado por la autoridad judicial a pagar una indemnización a título de reparación moral, que deberá cuantificarse tomando en consideración: la duración que tuvo el noviazgo, la intimidad alcanzada entre los prometidos, la publicidad de las relaciones entre los mismos, la proximidad del evento matrimonial ó bien si este suceso causó un grave daño a la reputación del prometido “inocente”.

Ahora bien, si se cumple la promesa y se celebra el contrato de matrimonio, la ley exige que dicho contrato tenga por objeto primordial la perpetuación de la especie y/o la ayuda mutua que se deben los cónyuges. Con esto, la ley da origen a lo que se conoce como el débito carnal, en donde conforme al contenido del artículo 425 fracciones I, II, III, VI, VIII del Código Civil para el Estado de Sonora se concluye que el acreedor no contemplará en cuanto al débito carnal, la posibilidad de pagos a “plazos”, ni tampoco la admisión de una obligación solidaria que ayude con el pago o el cobro en su caso.

Sin embargo, con esto no se pretende que el lector acuda con un abogado con la intención de demandar a su cónyuge para el cumplimiento forzoso de las obligaciones inherentes al matrimonio, como lo son el practicar la vida en común, la asistencia y ayuda mutua, el débito carnal o la fidelidad. De acuerdo con lo que se resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una tesis de jurisprudencia, este procedimiento resultaría impracticable, dado que sería necesario aplicar en forma continua la intervención coactiva del Estado. En definitiva esto no es factible, y por ello debe seguirse el criterio doctrinal de considerar el incumplimiento de tales deberes simplemente como una injuria grave que se sanciona con el divorcio y que únicamente puede reclamarse judicialmente a través del ejercicio de la acción relativa a un divorcio necesario o en caso de existir un común acuerdo, llevar a cabo un divorcio voluntario.

Ahora bien, existe otra posibilidad que requiere de una aplicación más técnica del derecho civil y que en la práctica es poco usado por los litigantes, quienes por practicidad prefieren acudir a alguna de las causales de divorcio contempladas en el ya citado artículo 425 del Código Civil. Esta opción es el demandar la nulidad del contrato de matrimonio con fundamento en el artículo 393 del Código Civil, el cual nos señala un catálogo de causales de nulidad, que de efectuarse podrán ser invocados conforme al supuesto por el cónyuge afectado. Una vez que se decrete judicialmente la nulidad del contrato, independientemente de la sentencia que podrá contener diferentes tipos de condena, otorgará a los ex cónyuges el “gozo” de los efectos de la nada jurídica, esto es que el vínculo contractual haya desaparecido como tal. Ya sea que el cónyuge opte por el divorcio o por la nulidad, de acuerdo a como se adecue el caso en concreto, el proceso judicial siempre será agotador y estresante.

Finalmente, tenemos que, en efecto, el matrimonio es un acuerdo de voluntades destinado a crear o modificar derechos u obligaciones y que por ello es considerado por la ley como un contrato. No obstante lo anterior habrá otros quienes sostengan en contrario que el matrimonio es simplemente un acto jurídico embestido de solemnidad. Sin embargo, no podemos negar que el matrimonio es y debe ser el pilar fundamental de la familia y por ende de nuestra sociedad, razón por la cual nuestra legislación deberá siempre de conservar a esta institución como un acuerdo de voluntades sometido al interés general.

El autor es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle Noroeste y actualmente se desempeña como gerente jurídico en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Durango. Comentarios: javieroroz@gmail.com

Programas de Desarrollo poco Efectivos

Por Alonzo Rabelo Zurita

A lo largo de diferentes sexenios, los gobiernos en turno han aplicado distintos programas de apoyo para las personas de muy bajos recursos, programas que se intensifican en épocas electoreras, programas que si bien su finalidad es noble y de buena intención, el destino de estos apoyos nunca llegan a su objetivo final. Procampo, Progesa y Oportunidades son un claro ejemplo de una serie de programas de ayuda económica que en la práctica pierde su objetivo final. No es regalando dinero a productores y personas de muy bajos recursos que se disminuirán los problemas económicos de dichas personas, simplemente es una especie de populismo mal entendido, ya que el dinero que se otorga a los pequeños productores para conseguir insumos e incrementar su producción termina en bares y pequeñas cantinas.

Lo mismo sucede con los otros programas, que si bien en muchos casos efectivamente impacta el poder adquisitivo de este sector de la sociedad, en otros crea un conformismo en la medida en que solo se espera cada periodo de pago, sin realizar ningún trabajo extra. En otras palabras es como crear un hijo tonto, a quien uno le resuelve todos sus problemas sin que ellos hagan lo mínimo posible.

Y qué decir de los programas dirigidos también a las personas de muy bajos recursos que consisten en dar un apoyo en efectivo por cada hijo que tengan. En teoría parece un gran incentivo para poder sacar a una familia de un rezago económico-social a un nivel de vida mejor, pero esta teoría no es tan práctica en la realidad. Aunque es verdad que este sector social necesita un apoyo real, de ninguna manera es el más eficiente y efectivo, ya que lo único que se ha logrado es que dichas personas marginadas socialmente se han convertido en verdaderas maquinas creadoras de niños, que a final de cuentas crecen en las mismas o en peores condiciones. Esto se ha traducido en un incremento agresivo de la población insostenible para algún otro tipo de programa social con un objetivo que se cumpla en la teoría y practica, enfocado a un determinado sector socioeconómico que cuenta con un específico numero de pobladores, que demandan un determinado número de soluciones para su interminable número de necesidades.

Una posible solución, en el caso de los programas dirigidos a los productores, es dar apoyos en insumos, material de trabajo, cursos de especialización, y por supuesto, recursos económicos. De esta manera, especificando los objetivos de producción del sector beneficiado por el programa de ayuda, se crearía un incentivo mayor para producir y para reactivar este sector socioeconómico del país. Además se crearía una nueva cultura de trabajo, fundamentado en un espíritu de lucha y de sacrificio y no en la idea de esperar que el gobierno solucione todos los problemas. Pero tal parece que el objetivo primordial de las autoridades competentes no ha sido mejorar el nivel de vida de la sociedad, sino simplemente seguir manteniendo el modo de vida de dicho sector socioeconómico para poder manipularlo con menos complicaciones que los demás.

El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey y actualmente es consultor financiero en el Estado de Chiapas. Comentarios: arz_pitt@hotmail.com